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sábado, 25 de febrero de 2012

Piden mediación obligatoria para los pequeños juicios

Afirman que la mora promedio para una sentencia de primera instancia ronda tres años y medio. Para bajar esos tiempos y descomprimir los tribunales entre 20 y 30 por ciento, piden instaurar el método alternativo de resolución de conflictos con incentivos para promoverlo.

El Colegio de Abogados denunció ayer que el sistema judicial “está en crisis” y en este sentido apuntó al “colapso” por mora que existe en la resolución de las causas, graficando que -en promedio general en los distintos fueros- llegar a una resolución de primera instancia lleva más de tres años y medio de espera. En función de bajar los tiempos de los juicios, reclaman un cambio estructural que incluya, esta vez, la mediación obligatoria en causas de menor cuantía, lo que -según estiman los abogados- descomprimiría entre 20 y 30 por ciento el caudal de juicios en tribunales. El monto hasta la cual se consideraría que una causa podría ser calificada como “pequeña” no es punto que hayan fijado en la propuesta ya que consideran que la cifra sería un tema a acordar con el Poder Judicial.

“Hoy el sistema judicial funciona porque el ciudadano y sus abogados permiten que funcionen y toleran este colapso y demoras; sin esa colaboración y comprensión este sistema ya habría estallado tiempo atrás”, advirtió a Comercio y Justicia el titular del colegio, Alejandro Tejerina, quien insistió en que “el colapso se nota cada vez más”, que “no hay una política general para reestructurar la justicia en un todo” y que llegó la hora de “sanear” la justicia cordobesa.

El directorio de la entidad profesional decidió ahora difundir la propuesta que ya extendió al Ministerio de Justicia y al Alto Cuerpo, en afán de trabajar en conjunto para mejorar el sistema. Trascendió que el Gobierno está interesado en el tema y que mantuvo conversaciones al respecto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El proyecto presentado ayer apunta a una concientización tanto en los operadores judiciales como en los abogados y en la ciudadanía. “Proponemos un cambio estructural del sistema. Hoy, sólo en determinadas causas se inicia el juicio y en forma obligatoria lo envían a los centros de mediación. La propuesta nuestra es que para todas las causas de menor cuantía, el número es a determinar con el Poder Judicial, sea obligatorio que vayan a los centros de mediación”.

Para ello, los letrados también impulsan la inclusión de la mediación como materia obligatoria en la currícula universitaria de la carrera de Abogacía, algo que hoy se presenta a los alumnos como opcional en la mayoría de las universidades, salvo en la Casa de Trejo. “Proponemos que en vez de preparar a los estudiantes para que sean abogados para juicios, también estén preparados para solucionar los conflictos de los ciudadanos en el menor tiempo posible. También desde el colegio brindaremos capacitación de este tipo”, sostuvo el directivo.

Tejerina reconoció que muchas veces no se utiliza la mediación porque no es obligatoria como primera medida y porque tampoco los abogados tienen la conciencia generada de que ésta realmente un medio efectivo para solucionar el conflicto de los ciudadanos. En igual sentido, reconoció: “Los abogados esquivamos también la mediación porque en el juicio vamos a ganar más; en esto hay que trabajar para que sea un incentivo”. Para revertir esta situación plantean también un cambio en los esquemas de regulación de honorarios.

A establecer

Según detalló el titular del colegio, hoy el pago de los mediadores es a cargo de las partes, de aquellos que utilizan el servicio. “Quien utiliza la mediación se tiene que hacer cargo no sólo de los honorarios de su abogado sino también de los del mediador. Obviamente, esto es un obstáculo para quien quiere solucionar un conflicto, que evalúa que antes que dar el dinero a los mediadores prefieren invertir en solucionar el conflicto”, señaló.

“La propuesta -agregó- es que el pago sea a cargo del Poder Judicial, del Ejecutivo o de quien quiera hacerse cargo, pero queda claro que si esos son juicios que se le está sacando al Poder Judicial, obviamente los mediadores tienen que ser pagados por éste; es un 30% de causas que se las estamos sacando al Poder Judicial”.

En detalle

Para que la mediación obligatoria propuesta funcione, se requerirían varios cambios. Entre ellos: reflotar las reformas del Código de Procedimiento Civil, Laboral, agilizar la despapelización; unificar modos de acción entre centros de mediación y mediación judicial de familia y modificar leyes arancelarias.

“Planteamos que los honorarios de los mediadores vayan conforme a si existe o no acuerdo en la mediación, porque esto va a llevar a que los mediadores se capaciten para que el procedimiento sea efectivo y exitoso. Esto sería un estímulo para quien media”, dijo.

Por otro lado, también buscan incentivos en la regulación de los honorarios de abogados para que usen la mediación. “Como incentivo para el abogado, éste tiene que tener la regulación de una sentencia, porque si, en definitiva, uno soluciona un conflicto en 60 días y se obtiene la misma solución que con una sentencia que llegaría en dos o tres años, obviamente que se debería regular los honorarios como el de una sentencia”.

Finalmente, concluyó: “Si no denunciamos el colapso el Ejecutivo va a creer que la Justicia está bien y la Justicia está mal, la Justicia ha caído esencialmente en los tiempos”.

Fraudes a ART
Abogados evalUaN pedido de Jury para fiscales y de denuncia penal a comisión de SRT

Tras la denuncia del superintendente de Riesgos del Trabajo (SRT), Juan Horacio González Gaviola, de una nueva presunta estafa contra una administradora de riesgos de trabajo (ART), que involucra a abogados, médicos y empleados públicos de Córdoba, el Colegio de Abogados reaccionó ante el señalamiento de la instauración de una industria del juicio que se les endilga a los letrados. Cabe recordar que en 2009 González Gaviola destapó el presunto fraude que se habría perpetrado en el ámbito de la Municipalidad -investigación que estuvo a cargo del fiscal Ernesto Gavier y que hoy continúa Mariano Antuña- y que generó detenciones de profesionales por cientos de certificados médicos presuntamente falsos.

Esta vez, los casos denunciados están relacionados con la administración pública provincial, en la cual se habría registrado una operatoria similar. El superintendente subrayó que que hay más de 1.500 juicios contra Prevención ART, que prestaba servicios para el gobierno de la Provincia, y que hay médicos y abogados involucrados en las supuestas irregularidades.

Disconformes con las actuaciones de los fiscales en el marco del proceso de la causa ART, convocarán en marzo a asamblea general para decidir si inician pedido de jury contra Gavier, Antuña y el juez Esteban Díaz y radican, además, una denuncia penal contra la Comisión Médica Nº 5 de la SRT, por considerar que hay irregularidades en sus díctámenes.

 

Fuente: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/02/23/piden-mediacion-obligatoria-para-los-pequenos-juicios/

Mediación, remedio al "colapso" judicial

EL COLEGIO DE ABOGADOS DESCRIBIÓ COMO UN “COLAPSO TOTAL” LA SITUACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA EN CÓRDOBA Y DEMANDÓ RESPUESTAS URGENTES DEL GOBIERNO.

El Colegio de Abogados describió como un “colapso total” la situación del servicio de justicia en Córdoba y demandó respuestas urgentes del Gobierno para revertir ese proceso.

El presidente de la entidad, Alejandro Tejerina, graficó en un par de ítems el “mal funcionamiento estructural” del sistema. Mencionó que, por ejemplo, el 58 por ciento de la población penitenciaria no tiene condena firme; que la resolución de litigios laborales demanda un piso mínimo de 3,5 a 4 años (cuando tiempo atrás se había acortado ese lapso a sólo un año); y que ni siquiera se puede aducir que es un problema presupuestario, ya que los abogados desconocen a cuánto ascienden y en qué se gastan los recursos del Poder Judicial.

“Hay un gran déficit en el servicio de justicia y no vemos una decisión política para solucionarlo. No queremos ser mas responsables por silencio, y por eso proponemos alternativas”, dijo.

El Colegio incursionó en algunos demandas clásicas, como el pedido de sumar juzgados civiles para causa múltiples de particulares, abrir una sala más para juicios laborales, y avanzar en la “despapelización” e informatización de los procesos. También ofreció una salida concreta: incorporar como primera instancia y con carácter obligatorio, la posibilidad de la mediación, antes de iniciar un juicio, particularmente en aquellos pleitos de menor envergadura.

Según Tejerina, esa posibilidad permitiría reducir “en un 20 ó 30 por ciento” la cantidad de causas en trámite, pero insistió en que hay que revisar todo el sistema. “No puede ser que hoy primero se inicie el juicio y después lo manden a uno a mediar. Tiene que ser de entrada”, advirtió.

Pedidos en dos frentes

Los abogados ya elevaron formalmente sus reclamos y propuestas al Tribunal Superior de Justicia.

Ahora esperan una respuesta al pedido de audiencia que también hicieron llegar al gobernador José Manuel de la Sota, para abordar la situación límite que según ellos atraviesa el servicio de justicia en la provincia.

 

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/mediacion-remedio-al-colapso-judicial

 

miércoles, 15 de febrero de 2012

Comenzó en Córdoba el juicio a ex policías del Comando Radioeléctrico

Comenzó en Córdoba el juicio a ex policías del Comando Radioeléctrico

El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) de Córdoba comenzó a las 9.50 el juicio que se le sigue a ex miembros del Comando Radioeléctrico de la policía provincial por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista (JP), ocurrido el 2 de junio de 1976, durante la dictadura.

El tribunal, integrado por los jueces José María Pérez Villalobo, Carlos Lascano y Fabián Asis, juzga a los ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Woroná y José Filiberto Olivieri, quienes están imputados como responsables de las muertes de Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva.

Hechos

Los sucesos ocurrieron el 2 de julio de 1976, a las 10 aproximadamente, cuando en la esquina de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto del barrio Villa Cabrera de la capital mediterránea, se encontraban conversando Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Carlos Delfín Oliva, junto a Héctor Ernesto Hunziker, quien permanece en condición de desaparecido.

En esa oportunidad, los jóvenes estudiantes observaron una persona que habría pertenecido al Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia (D2), por lo que decidieron alejarse del lugar.

Hunziker lo hizo caminando, y Villanueva, Oliva y Diez a bordo del automóvil Fiat 128 de este último.

Apenas puesto en movimiento, el rodado fue interceptado por dos vehículos del Comando Radioeléctrico de la policía de Córdoba y al intentar huir, los jóvenes estudiantes fueron detenidos por los policías, Pedro Nolasco Bustos, Andrés Rojo, Antonio Polakovich, Jorge Worona, Pedro Colazo y José Oliviere.

Posteriormente y tras recibir una dura golpiza por parte de los uniformados, Villanueva, Diez y Oliva, fueron trasladados en uno de los móviles policiales a un descampado en inmediaciones del Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, donde fueron fusilados.

Según consta en la resolución judicial, en aquella oportunidad se informó que las muertes se habrían producido a consecuencia de un supuesto enfrentamiento armado entre los efectivos de seguridad que realizaban un control vehicular y “extremistas”.

Fuente: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/02/14/comenzo-en-cordoba-el-juicio-a-ex-policias-del-comando-radioelectrico/ 

 

 

 

Cuotas alimentarias colapsan los juzgados

Cuotas alimentarias colapsan los juzgados

LA INFLACIÓN DETERIORA EL VALOR DE LA MANUTENCIÓN Y LA JUSTICIA DEBE IMPONER LAS ACTUALIZACIONES. LOS FISCALES DE MENORES ELEVAN A JUICIO UNAS 400 CAUSAS PENALES POR AÑO PARA JUZGAR A PADRES INCUMPLIDORES.

“Es un porcentaje altísimo de nuestra actividad”. La frase es de Gabriel Tavip, juez de Familia de Córdoba, y se refiere a la cantidad de causas que deben resolver sobre cuotas alimentarias los magistrados del fuero.

Tavip explica que la situación “se recrudece en épocas de inflación, cuando aumenta el costo de vida”. En estos casos, se acude al juez para que éste aumente la cuota alimentaria.

El problema, cuenta Tavip, se da cuando existe una persona insolvente, es decir, cuando no hay nada de qué cobrarle, ni un sueldo, ni un negocio, ni bienes, nada.

Así, están los incumplidores que viven de changas o que tienen empleos temporarios, sin estabilidad y sin salarios suficientes para afrontar las obligaciones alimentarias.

En estos casos de personas de estratos muy humildes, la cuota mínima que se determina por hijo es entre 400 y 500 pesos; tal vez 700 si son dos. Aunque parezca poco para la manutención de los pequeños, algunas personas ni siquiera pueden pagarlo.

Pero, por otro lado, están los que se niegan sistemáticamente a pagar y hasta se insolventan intencionalmente. Como no tienen sueldos “en blanco” que se puedan embargar, es más difícil cobrarles. Tavip contó que ante el incumplimiento sostenido de los padres, con el tiempo se va haciendo más común la demanda contra los abuelos de los pequeños. En esos casos, o se cobran de ellos, o son los mismos progenitores los que comienzan a pagar, ante la posibilidad de que se embargue la jubilación de sus propios padres.

A juicio. Debido a la existencia de estos incumplimientos reiterados, las denuncias llueven entre los fiscales de Menores de la ciudad de Córdoba.

“Propiciamos la mediación para zanjar las diferencias. Cuando se supera esa instancia, seguimos con la investigación”, cuenta el fiscal de Menores Luis Amuchástegui Zelis.

Sólo en la Capital provincial, unas 400 causas penales –con la investigación fiscal terminada– son elevadas a juicio por año, según estimaciones del fiscal. Sucede que, además de la vía civil para reclamar la deuda, existe la vía penal para condenar al incumplidor.

La ley nacional 13.944 pena con prisión de un mes a dos años “a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años o más si estuviere impedido”. Pero para llegar a esa instancia, los incumplidores no sólo generan un desgaste emocional y un perjuicio económico a la familia que no provee.

También provocan un desgaste jurisdiccional, con todos los costos que eso supone. Es que, para poder llegar a una condena –o a la Probation– intervienen los juzgados de Familia, también alguna de las fiscalías de Menores, trabajadores sociales, jueces, entre otros.

Al registro. Para intentar hacer cumplir a los reticentes, el año pasado se endureció por ley el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Córdoba, donde se anotan a los padres que no hayan pagado tres cuotas consecutivas o cinco alternadas.

En estos momentos, el Registro Civil de la Provincia prepara la logística para recibir el mayor caudal de anotados.

Uno de los cambios más importantes que prevé la nueva ley es que la anotación ya no será a pedido de la parte damnificada, sino que, una vez detectado el incumplimiento, el juez tiene la obligación de informarlo de oficio al registro.

El registro es una especie de Seven o Veraz, es decir, un listado de deudores que se ven afectados cuando algunos organismos les requieren una certificación que demuestre que no son morosos.

La nueva ley amplió los supuestos en los que los ciudadanos deben pedir al registro esa especie de “libre deuda”. Debe presentarse ante la administración pública provincial, sus organismos autárquicos y descentralizados en casos de ingreso y promoción de sus agentes.

Además, deben presentar el certificado los solicitantes de “licencias o permisos, habilitaciones y/o concesiones” del Estado, de subsidios y viviendas, y de cambio de titularidad de comercios e industrias; los proveedores del Estado, y quienes transmitan bienes inmuebles o muebles registrables (autos), entre otros.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cuotas-alimentarias-colapsan-juzgados

 

 

 

El "dietazo" legislativo generó más tensión

El "dietazo" legislativo generó más tensión

DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES GANABAN ENTRE 16.000 Y 19.000, Y PASARÁN A COBRAR 35.000. EN ALGUNOS CASOS LA SUBA SUPERA EL 100%.

BUENOS AIRES. EL GOBIERNO NACIONAL SUMÓ UN NUEVO ELEMENTO DE TENSIÓN EN LAS NEGOCIACIONES PARITARIAS CON LOS SINDICATOS Y EMPRESARIOS. DOS HOMBRES QUE RESPONDEN A LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, EL VICEPRESIDENTE AMADO BOUDOU Y EL TITULAR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, JULIÁN DOMÍNGUEZ, PUSIERON LA FIRMA A UN “DIETAZO” PARA TODOS LOS LEGISLADORES NACIONALES, QUE PASARON A COBRAR EL DOBLE QUE EN DICIEMBRE, ES DECIR, MUCHO MÁS QUE EL 20 POR CIENTO QUE SE QUIERE PONER COMO TECHO “RACIONAL” EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.

 

La resolución de Boudou y Domínguez, firmada en diciembre pasado, tuvo la anuencia de casi todos los bloques legislativos, pero los resultados se vieron recién el 2 de este mes (ver Cómo se liquida el aumento).

De cobrar casi 19 mil pesos en diciembre, un diputado pasó a ganar, ahora, 30 mil pesos; y un senador, que cobraba 16 mil pesos (aunque con más pasajes de avión y terrestres que se pueden canjear por dinero si no se usan) saltó también a 30 mil pesos. Con un extra, sólo por este mes los legisladores nacionales cobraron 5 mil pesos más, pero este monto deberán usarlo para comprar bienes e insumos y rendirlos a modo de declaración jurada.

Ayer, luego de que el diario La Nación dio a conocer el salariazo de los legisladores, un aliado del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, el jefe de los empleados judiciales Julio Piumato, escribió desde su cuenta de Twitter. “¿Aumento para diputados y senadores... referencia para las paritarias? A Paso de Vencedores, por la Justicia Social Plena”.

En el Gobierno nacional nadie habló puntualmente del tema, aunque la Presidenta apuntó contra los sindicalistas en un acto en la Casa Rosada: “Yo les pido un esfuerzo a los que tienen representaciones dirigenciales, gremiales, empresariales, sociales y política, que esta Argentina real, en este mundo real, la valoremos y por favor la cuidemos”.

Porcentajes y extras. En rigor, en el caso de los diputados el aumento es de 58 por ciento, y en el de los senadores es de 85 por ciento. Pero si se considera que en enero y por única vez cobraron los 5 mil pesos a rendir, es decir 40 mil pesos en total, el incremento ascendió a 85 por ciento para los diputados y a 118 por ciento para los senadores.

La resolución que firmaron Boudou y Domínguez fue consensuada por casi todos los presidentes de bloque del Congreso nacional, en una reunión a mediados de diciembre, cuando se aprobó el Presupuesto 2012 y un paquete de leyes mandadas por Cristina Kirchner. Esa normativa establece tres medidas para “adecuar la pirámide salarial”. La primera es llevar la dieta del legislador un 20 por ciento por encima de lo que gana un empleado de planta permanente que tiene el cargo de director y con 20 años de antigüedad (que está cobrando unos 14 mil pesos). Por otro lado, se redujo los gastos de representación de 13 mil pesos a 10 mil pesos y, finalmente, se achicó el porcentaje del desarraigo de un 35 por ciento a un 14 por ciento. Así, el salto grandilocuente se da en realidad en la dieta, que de los 5.000 pasará a 19.000 pesos, mientras que desarraigo y gastos de representación se reducen.

Ayer, conocido el salariazo que los propios legisladores se dieron, algunos diputados opositores salieron a despegarse. Fue el caso de Pino Solanas, quien dijo que es una “barbaridad” y sostuvo que como titular del bloque Proyecto Sur no consintió ni fue a la reunión donde se cocinó la medida. La binnerista Victoria Donda también salió a pegar; opinó que el aumento debió darse de acuerdo con el índice inflacionario que se aplicará en las paritarias. Otros opositores, como la macrista Laura Alonso, defendieron la medida.

Por el oficialismo, el titular del bloque K del Senado, Miguel Pichetto, quien fue el primero en hacer el planteo público a Boudou, pidió debatir el tema sin hipocresía y recordó que el atraso en las dietas tenía seis años. Dijo que el salario de un legislador nacional quedó equiparado al de un secretario del Poder Ejecutivo Nacional.

Lo que cobran los legisladores provinciales

No confundir. Los que se aumentaron las dietas son los diputados nacionales y los senadores nacionales, cuyas dietas corresponden al presupuesto del Congreso de la Nación. No hay que confundir con los legisladores de la provincia de Córdoba que trabajan en la Unicameral y que cobran de acuerdo con la legislación y el presupuesto del Poder Legislativo provincial.

De bolsillo. En promedio, los legisladores provinciales perciben hoy una dieta “de bolsillo” de aproximadamente 18 mil pesos, operados los descuento por la obra social provincial, los aportes jubilatorios y el impuesto a las ganancias. A los 18 mil pesos se les pueden sumar distintos montos por antigüedad y por título universitario. En consecuencia, algunos legisladores llegan a percibir unos 25 mil pesos mensuales.

Enganchados. Recibirán el mismo porcentaje de aumento que consiga el SEP.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/dietazo-legislativo-genero-mas-tension

 

 

 

Parlamentarios cordobeses justificaron el incremento y el enojo de la gente

Parlamentarios cordobeses justificaron el incremento y el enojo de la gente

SIETE DE OCHO LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA CONSULTADOS AYER DIJERON QUE EL INCREMENTO DE LA DIETA ES JUSTO.

Siete de ocho legisladores nacionales por Córdoba consultados ayer dijeron que el incremento de la dieta es justo.

Sin embargo, reconocieron que un aumento del 100 por ciento en su remuneración se percibe como una injusticia al compararlo con los salarios de la mayoría de los trabajadores del país (ver El "dietazo" legislativo generó más tensión).

"Los poderes del Estado deben estar equiparados. Un camarista gana 50 mil pesos y un director de la Afip también, de manera que los diputados vamos a estar cobrando incluso menos que eso", dijo a este diario Ernesto Martínez, diputado por el Frente Cívico.

"Para algunos diputados está bien (el incremento), porque se lo ganan por su trabajo. Pero también hay otros que están becados y no hacen nada", afirmó Jorge Valinotto, también juecista. "El problema es justificarlo al lado de lo que son los sueldos en la Argentina".

Los parlamentarios cordobeses cobraron hasta diciembre una dieta de unos 18 mil pesos, más 4.000 pesos por desarraigo y 40 pasajes (20 terrestres y 20 aéreos) que si no utilizan, pueden canjearlos por dinero. Ahora, pasarán a percibir unos 30.000 pesos mensuales más los pasajes.

Edgar Müller, diputado del partido de los Rodríguez Saá, sostuvo que son altos los gastos de los legisladores y que lo ideal sería corregir todos los salarios del país para arriba y no para abajo.

El diputado delasotista Francisco Fortuna cuestionó la forma en que se hizo el aumento: "Se deberían haber ajustado en forma escalonada y con una progresión razonable".

Del bloque radical, la diputada Patricia de Rusculleda sostuvo que el aumento la tomó por sorpresa y criticó la falta de debate sobre el tema.

El senador Luis Juez dijo que aún no había fijado su posición porque se acaba de enterar. En cambio, su compañera de bloque, la senadora Norma Morandini, criticó la falta de un criterio fijo para establecer la remuneración de los legisladores, que queda a discreción de los presidentes de las cámaras, afirmó. "Debería debatirse el hecho de que los Poderes Legislativos y Judicial se autofijen sus propias remuneraciones". Pero aclaró: "No me siento culpable (por la dieta que recibe). Soy responsable y trabajo a conciencia".

El que criticó el aumento fue el diputado kirchnerista y ex intendente de Córdoba, Daniel Giacomino: "Las dietas estaban bien pagas –afirmó–. Lo acordaron las autoridades de los bloques y nos enteramos por la prensa". Y agregó: "En 2006, renunciamos al aumento Gumersindo Alonso, Francisco Delich y yo. Nadie más". Pero ayer no habló de renunciar.

Los beneficiarios con tonada cordobesa

Luis Juez (senador Frente Cívico). "No tenía ni idea del aumento de la dieta. Me voy a interiorizar bien y después adoptaré una posición al respecto".

Norma Morandini (senadora Frente Cívico). "La ciudadanía repudia el aumento porque no se siente representada y respetada por el Congreso".

Daniel Giacomino (diputado Frente para la Victoria). "Si me hubieran consultado sobre el aumento, habría dicho que las dietas ya estaban bien pagas".

Francisco Fortuna (diputado Córdoba Federal). "Se deberían haber ajustado las dietas en forma escalonada y con una progresión razonable".

Patricia de Rusculleda (diputada, UCR). "En ningún momento se debatió. Quienes no formamos parte del oficialismo estamos sorprendidos".

Edgar Müller (diputado Frente Peronista). "Los gastos de los diputados son altos. Hay que corregir los salarios del país hacia arriba, no hacia abajo".

Jorge Valinotto (diputado Frente Cívico). "Lo que nos hace quedar muy mal ante la sociedad es el porcentaje del ciento por ciento de aumento".

Ernesto Martínez (diputado Frente Cívico). "Los poderes del Estado deben estar debidamente equiparados. Un camarista cobra 50.000 pesos".

No respondieron. Pese a las insistentes llamadas de este diario, los diputados radicales Mario Negri, vicepresidente segundo de la Cámara, y Oscar Aguad, ex presidente del bloque de la UCR, no respondieron a las consultas. Tampoco lo hicieron las diputadas Graciela Villata (juecista) ni las kirchneristas Carmen Nebreda y Nora Bedano. Mónica Gutiérrez atendió, pero no quiso opinar.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/parlamentarios-cordobeses-justificaron-incremento-enojo-gente

 

 

 

 

Sueldo de jueces en Córdoba

Sueldo de jueces en Córdoba

LA PRÓRROGA DE LA LEY QUE EQUIPARA LOS SUELDOS DE LOS JUECES PROVINCIALES Y FEDERALES ES UNA MEDIDA ACORDE CON LAS DIFICULTADES DE LA PROVINCIA Y QUE OBLIGA A AJUSTES SIMILARES EN TODO EL ESTADO.

La decisión adoptada por el Gobierno de Córdoba, en el sentido de prorrogar hasta noviembre próximo la aplicación de la ley que equipara los sueldos de los jueces provinciales con sus pares federales, resulta razonable, dado el contexto de crisis financiera por el que atraviesa la Provincia. Esto la obliga a hacer ajustes, racionalizar gastos y suspender aumentos en todos los sectores de la administración pública.

No había otra alternativa y no hay soluciones milagrosas en estas situaciones. Lo están haciendo todos los países europeos y también lo hizo la Argentina en varias ocasiones, algunas en proporciones mucho mayores que ahora.

Los jueces alegan que la falta de actualización salarial conspira contra la independencia del Poder Judicial, pero el argumento no resulta del todo convincente, ya que la escala de sueldos de los jueces es –globalmente considerada– la más alta de la administración provincial.

Con todo, la Asociación de Magistrados pidió la inconstitucionalidad de la ley que establece la prórroga hasta noviembre de la equiparación de sueldos con la Justicia Federal, razón por la cual podría haber un juicio de incierta duración, que a su vez podría acarrear costos que generarían nuevos gastos para los contribuyentes. Porque, finalmente, es la gente, son los ciudadanos, quienes sostienen el gasto público, del Estado, en todas sus jurisdicciones y estamentos.

Los jueces alegan el principio constitucional de igualdad ante la ley, que entre otras cosas quiere decir: a igual trabajo, igual remuneración. Lo que sucede es que no se pueden comparar los recursos que maneja el Estado nacional con los que recaudan y administran las provincias y los municipios.

El mismo principio de igualdad podría ser usado para decir a los jueces que no pueden pretender quedar al margen de un ajuste que alcanza a todo el resto de la población.

Hay, por otra parte, deudas muy importantes que la Nación tiene con algunas provincias, entre ellas la de Córdoba, que impiden a éstas gastar más en sueldos en el sector público. A ello habría que agregar que el Estado no está sólo para pagar sueldos sino ante todo para prestar servicios a la comunidad. Y está en duda, por cierto, que el servicio de justicia se esté prestando en forma eficiente y solvente.

Finalmente, vale la pena insistir en que resulta equívoco el argumento de que los jueces tienen que estar muy bien pagos para mantener su independencia de criterio.

El Poder Judicial de Córdoba acuña incontables ejemplos de jueces muy austeros, que no ganaban sueldos elevados, sino más bien lo contrario, y que sin embargo dictaron cátedra en el ejercicio de la magistratura. A esos grandes maestros, tanto en la sapiencia como en la moral, habría que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizar estas cosas.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/cordoba/sueldo-jueces-cordoba

 

 

 

Principio "pague antes de repetir" no debe afectar garantía de tutela efectiva

Principio “pague antes de repetir” no debe afectar garantía de tutela efectiva

La Justicia recordó que el “solve et repete” tiene que aplicarse de forma flexible y admitió el pago efectuado por un contribuyente por vía de consignación.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso-administrativo de 1ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto ratificó que el principio “solve et repete” (pague antes de repetir) debe aplicarse de forma flexible, “de manera de hacer real la garantía de la tutela judicial efectiva contenida en diversos instrumentos internacionales con rango constitucional”.

Así, el citado tribunal consideró ajustado al “solve et repete” el pago consignado judicialmente por un contribuyente y rechazó la excepción de defecto legal que había opuesto la Municipalidad de Río Cuarto, que esgrimía que aquél no había cumplido con el requisito del pago previo del tributo antes de accionar, estipulado como condición para la admisibilidad de la acción por el artículo 9 de la ley 8172.

Paralelamente, destacó que si bien el pago del tributo no se hizo regularmente antes de iniciar el juicio y ante el organismo fiscal, lo cierto era que, aunque defectuosamente, desde un primer momento el accionante intentó cumplir el requisito, reseñado que cuando, de acuerdo con lo ordenado por la Justicia, intentó abonar en sede administrativa, no le fue recibido el pago.

Luego, subrayó que por esa razón el depósito terminó haciéndose mediante consignación en el juicio ejecutivo iniciado, a su vez, por la Municipalidad para el cobro del tributo.

En consecuencia, la Cámara concluyó que no podía entenderse como incumplido el requisito fijado por el artículo 9 de la ley 7182, como proponía la Municipalidad de Río Cuarto, por la circunstancia de no haberse efectuado el pago ante el organismo fiscal y dentro del plazo para interponer la demanda que establece el artículo 8 de la citada normativa.

Plazo

En esa línea, el tribunal esgrimió que, incluso si se hubiera acogido a la excepción de defecto legal planteada por el municipio, debería haber fijado un plazo para subsanar el defecto, lo que hubiera implicado ordenar consignar la suma.

Asimismo, como corolario, los vocales Julio Ávalos, Eduardo Cenzano y Rosana de Souza subrayaron que los tribunales no deben aplicar en forma rígida e inflexible el principio “solve et repete” sino que, por el contrario, deben efectuar una interpretación extensiva de la procedencia del derecho al acceso a la Justicia haciendo operativos los principios “pro homine” y “pro actione” de manera de dar plena vigencia a la tutela judicial efectiva a que se refieren los pactos internacionales incorporados a nuestro bloque de constitucionalidad.

Fuente: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/02/10/principio-pague-antes-de-repetir-no-debe-afectar-garantia-de-tutela-efectiva/

 

 

 

 

El anillo de diamantes del juez

En los pasillos de los tribunales no se habla de otra cosa que del anillo de diamantes del juez Néstor Oyarbide, una joya carísima, comparable con las que Richard Burton le regalaba a Liz Taylor en el apogeo de su romance. Famoso por haber procesado a celebridades como por su excentricismo, no se priva de enseñarlo a guardias o a los jóvenes pasantes que se cruzan en su camino.

Un medio de prensa señaló que el diamante que el personaje lleva en el dedo del corazón vale 250.000 dólares. Oyarbide confirmó que para adquirirlo tuvo que empeñar todos los regalos que ha recibido en los últimos cinco años. El dueño de una de las joyerías más reconocidas de Buenos Aires comentó a la prensa que un anillo de ese valor “no es para lucirlo en público sino para guardarlo en el fondo de una caja de seguridad”.

Al juez Eugenio Zaffaroni no le causa gracia que un correligionario se pasee por Buenos Aires enjoyado como un maharajá. “Da la impresión de todo se reduce a que (Oyarbide) se compró un anillo. Eso es transformar la noticia en un asunto de la farándula”, sentenció el juez de la Corte.

Oyarbide tardó menos de un mes en sobreseer a Néstor y a Cristina Kirchner de los cargos de enriquecimiento ilícito que presentó un diputado, en el 2010. Ese mismo año, el dandy de la Justicia argentina procesó a Mauricio Macri, por presunto espionaje político. Actualmente instruye la causa de Sergio Schoklender, el ex administrador de las Madres de Plaza de Mayo, acusado de lavado de dinero y desvío de fondos públicos. En los últimos días Oyarbide ha vuelto a capturar la atención del público por su amistad con Raúl Martins.

Fuente: http://www.clarin.com/opinion/anillo-diamantes-juez_0_643735749.html

 

 

 

Un fallo puso fin a la carrera de Garzón

Un fallo puso fin a la carrera de Garzón

MADRID.- El día más temido por Baltasar Garzón llegó ayer, con un revés más fuerte de lo esperado. Y lo fue tanto para el magistrado como para cientos de sus seguidores, que anoche ganaron las calles de esta ciudad en protesta contra la justicia española.

El polémico juez, hallado culpable en la causa abierta por ordenar escuchas telefónicas ilegales, no sólo fue inhabilitado en sus funciones por once años, sino que recibió una dura condena moral de parte del Tribunal Supremo que lo juzgó. "[Su accionar] es digno de regímenes totalitarios", señala el fallo.

Garzón, que alcanzó fama internacional por haber sentado en el banquillo al dictador chileno Augusto Pinochet y al torturador argentino Adolfo Scilingo, soportó con amargura la humillante sentencia, que podría cerrar para siempre sus más de dos décadas de intensa carrera judicial. "Estoy hecho polvo", se le escuchó decir al magistrado en la sala, fuera de micrófono, aunque a su expresión vencida le sobraban las palabras.

Más tarde, Garzón difundió un comunicado en el que rechazó "frontalmente" la sentencia y defendió su decisión de ordenar las escuchas. "Con esta decisión, [el Tribunal Supremo] elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad", afirmó.

En su duro mensaje, Garzón acusó a los siete jueces que lo condenaron de atentar contra el libre desempeño de su defensa. "Mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, y el juicio oral [fue] una excusa" que, según su declaración, "sólo sirvió para poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses".

El Tribunal Supremo falló con el voto unánime de sus siete miembros contra Garzón por entender que, a través de maniobras de espionaje, "vulneró" el "derecho fundamental de defensa" de varios imputados en la trama de corrupción conocida como "caso Gürtel", que en 2009 salpicó a altos cargos regionales de Valencia y Madrid del Partido Popular (PP), hoy en el poder.

El juez andaluz, que inició esa causa, había ordenado la colocación de micrófonos ocultos en la prisión donde estaban los detenidos -presuntos cabecillas de una red corrupta-, con el fin de interceptar las conversaciones que mantenían entre ellos y con sus abogados.

Garzón sospechaba que los abogados participaban en operaciones de blanqueo de dinero y aseguró durante su juicio que siempre actuó "preservando el derecho a la defensa".

A través de este método ilegal, según consta en el expediente, Garzón consiguió que esas conversaciones fueran conocidas por los investigadores policiales y la fiscalía, por lo que violó "el derecho de todo imputado" a mantener bajo secreto sus argumentos y organizar su defensa para enfrentar un juicio justo.

La inhabilitación de 11 años dispuesta por el máximo tribunal del país marginará a Garzón, de 56 años, de toda actividad vinculada con "cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial".

Esto significa que al finalizar la condena el juez tendrá 67 años, por lo que quedaría marginado de toda posibilidad de volver a ser juez. Si bien la edad mínima obligatoria para el retiro de los jueces en España suele fijarse en los 70 años, Garzón debería realizar un extenso proceso para aspirar a ser restituido en sus funciones, y su eventual regreso, dada su edad, se haría muy difícil de concretar.

No obstante, el magistrado, que ya estaba suspendido desde mayo de 2010 por prevaricato en la causa que investiga los crímenes del franquismo, podrá seguir su carrera como asesor en el Tribunal Internacional de La Haya, e incluso ejercer como abogado. Además, la prensa española no descarta su regreso a la arena política, luego de su controvertido paso por el Congreso como diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 1993 y 1994, durante el gobierno de Felipe González.

Pero, ayer, Garzón y su defensa no pudieron ocultar su desánimo por el revés judicial. "Lo encontré muy afectado, muy dolido. No tengo la más mínima duda de que es un hombre que está acostumbrado al sufrimiento, que sabe que va a seguir luchando", afirmó el abogado del magistrado, Francisco Baena Bocanegra. Además, dijo que está "convencido" de que los jueces "se equivocaron" y de que su defendido es "absolutamente inocente".

CARTA

La rebelión contra la sentencia se prolongó en una carta que María Garzón, hija del juez, hizo circular por los principales medios de comunicación de España. En ese mensaje, dirigido "a todos aquellos que hoy [por ayer] brindarán con champaña por la inhabilitación" de su padre, la mujer arremetió contra los detractores del juez, a quienes les prometió que "nunca derramará una sola lágrima" por la condena recibida.

"Nos han tocado, pero no hundido. Y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad, nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias, por acuerdos de pasillo", afirma en uno de los párrafos más destacados.

La carta, que acusa a quienes apoyaron el proceso contra Garzón de "verter insultos y mentiras durante años", termina con una fuerte reafirmación de su inocencia: "Ustedes hoy brindarán con champaña, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia sí está tranquila".

En tanto, anoche, en la céntrica plaza madrileña de Puerta del Sol, varios centenares de personas se reunieron para protestar contra el fallo. Los manifestantes, que portaban pancartas en contra del franquismo, corearon consignas como "Basta ya de mafia judicial", "Tenemos memoria, queremos justicia" y, sobre todo, "Vergüenza", en directa alusión a la sentencia.

EL COMUNICADO DE GARZÓN

"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.

Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.

La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que "la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho" es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1447601-un-fallo-puso-fin-a-la-carrera-de-garzon