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jueves, 21 de julio de 2011

Transexual con decreto

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, autorizó por decreto que el Registro Civil modifique nombre y género en la partida de nacimiento de una transexual. La medida dispone que la documentación que correspondía a Víctor Alejandro Ironici, de sexo masculino, quede a nombre de Alejandra Selenia Victoria Ironici, de sexo femenino.

Fuente: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171679-2011-07-07.html

El riesgo de develar secretos

En julio de 2004, el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz expuso en la televisión el rostro de Antonio Stiuso y apuntó a la Secretaría de Inteligencia como responsable de su renuncia. El martes empieza el juicio por violación de secreto.

 

 

“Me echaron por nombrar la palabra maldita de la política argentina: SIDE”, dijo el flamante ex ministro Gustavo Beliz el 25 de julio de 2004 en el programa Hora Clave. Diez días antes un centenar de supuestos manifestantes había atacado la Legislatura porteña con piedras y bombas caseras. Beliz era debajo del presidente Néstor Kirchner la máxima autoridad en materia de seguridad interior y un grupo de encapuchados lo había ridiculizado. “Es la palabra maldita porque en ese ámbito se ocultan las cajas más negras y los manejos más sucios”, denunció Beliz ante Mariano Grondona. “La maneja un hombre al que todo el mundo le tiene miedo y es bueno que todos conozcan su cara”, agregó, y mostró en cámara la foto de Antonio Horacio Stiuso, alias El Ingeniero, Aldo Stiles o Jaime. Por hacer público el rostro de Stiuso, que en 2012 cumplirá cuarenta años en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Beliz será juzgado a partir del martes por el Tribunal Oral Federal 3, acusado de “revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad”, penado con entre uno y seis años de cárcel.

La actual Secretaría de Inteligencia es el único organismo del Estado sobre el que aún resulta imposible conocer los nombres de sus agentes durante la dictadura. El CELS lo solicitó formalmente en 2006 y todavía espera respuesta. En el caso de Stiuso, según publicó el periodista Gerardo Young en el libro SIDE. La Argentina secreta, se sabe que prestó servicios en 1978 para el general de brigada Carlos Alberto Martínez, entonces jefe de la central que concentraba junto al Batallón 601 la información sobre la represión ilegal. Debajo de Martínez operaba el coronel Rubén Visuara, de quien dependía el centro clandestino Automotores Orletti, quien falleció en febrero antes de escuchar su sentencia. Se ignora el destino específico de Stiuso en 1976 y 1977. Se sabe, en cambio, que en mayo de 2004 participó del casamiento del hijo de Visuara.

Beliz fue el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del presidente Kirchner, quien “lo echó sin darle oportunidad de respuesta”, según informó entonces Página/12. “Me echaron por teléfono, por nombrar la palabra maldita”, se desquitó ante Grondona. “Dejo la política, estoy desilusionado”, confesó. Antes dijo que la SIDE manejaba “más de 200 millones de pesos”. “Es una especie de agujero negro, se manejan fondos sin rendición de cuentas”, denunció. “La SIDE le ha hecho cometer al presidente papelones internacionales, como la causa AMIA”, dijo, y agregó que “constituye un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de control”. “La maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó de todos los gobiernos y se llama Jaime Stiuso”, declaró, antes de radicarse en los Estados Unidos. Beliz fue procesado por el juez Sergio Torres. Durante su declaración indagatoria argumentó que no era ningún secreto que Stiuso era jefe de contrainteligencia de la SIDE y que su foto la había recibido en un sobre anónimo. El TOF-3 que lo juzgará está integrado por Guillermo Gordo, Gerardo Larrambebere y Miguel Pons.

Fuente:  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-171666-2011-07-07.html

Un No a la afiliación política

La Corte Suprema volvió a marcarle la cancha al Consejo de la Magistratura: declaró la invalidez de una resolución del cuerpo de consejeros que el año pasado autorizó a los funcionarios judiciales a afiliarse a partidos políticos por medio de una modificación al Reglamento para la Justicia Nacional. Una acordada de los jueces supremos firmada anteayer dice que el organismo “no cuenta con la atribución para dictar normas reglamentarias” en asuntos de “incompatibilidad” y que la prohibición de integrar fuerzas políticas o agrupaciones “procura sustraer a la Justicia (...) de cualquier suspicacia respecto de su imparcialidad, que es cuestión primaria de su función trascendental”.

La decisión fue firmada por todos los supremos, excepto Raúl Zaffaroni. No responde a ninguna denuncia, sino a una iniciativa propia, en rechazo a la modificación que votó el Consejo en junio del año pasado con apoyo de todos sus integrantes menos los jueces. ¿En qué consistía? Cambiaron, a propuesta del oficialismo, el artículo 10 del reglamento para acotar sólo a los jueces la prohibición de afiliarse políticamente. Así habilitaron a los funcionarios (como los secretarios de juzgado) a acceder a la actividad política. Los sumaron a los empleados que ya podían hacerlo desde años anteriores. Argumentaron que se impedía el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y la libertad de expresión y asociación. Los beneficiarios eran unos 4000 funcionarios judiciales.

“La decisión de la Corte es una demostración de poder. Las facultades del Consejo son debatibles. Nosotros entendemos que la Constitución le posibilita dictar reglamentos relacionados con la organización judicial, la independencia y el servicio de justicia”, sostuvo Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo. “Además, no entiendo cuál es la diferencia entre un empleado y un funcionario.” El camarista y consejero antikirchnerista Ricardo Recondo sí ve diferencia: “Un funcionario judicial tiene la posibilidad de dirigir una causa, por ende no me parece mal que se le impida la afiliación; de todos modos, en el fondo la Corte quiso retacearle facultades al Consejo”.

–Usted nunca ocultó su afinidad con el radicalismo, ¿eso le quita independencia como juez? –le preguntó este diario a Recondo.

–Una cosa es la simpatía política, que yo no oculto, y otra la dependencia orgánica.

Si algún funcionario se afilió en el último año ahora debería borrarse, o iniciar una causa judicial, que igual terminará en la propia Corte.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-171667-2011-07-07.html

Detrás de las encuestas y los afiches falsos

El candidato del Frente para la Victoria denunció la violación del Código Electoral. La jueza ordenó que se investigue quién contrató la encuesta en la que se asocia de manera falsa al padre del senador con Sergio Schoklender.

 

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría aceptó intervenir en el caso de la campaña sucia contra Daniel Filmus y ordenó medidas urgentes para esclarecer quién está detrás de las encuestas, los carteles truchos y hasta una página de Internet falsa que apareció ayer a nombre del candidato. Como reveló ayer Página/12, se realizaron miles de llamadas con encuestas falsas en las que, por ejemplo, se les preguntó a los ciudadanos si sabían que el padre de Filmus, Salomón, es arquitecto y contratista de Sergio Schoklender. La supuesta información es falsa: Salomón Filmus no es arquitecto y no tiene relación alguna con la construcción de casas. Aunque la magistrada no quiso dar a conocer qué medidas tomó, trascendió que las llamadas con las encuestas falsas se hicieron desde uno de los call centers más grandes de la Argentina, ubicado en Martínez y propiedad de una poderosa multinacional de las comunicaciones. Los carteles, que también buscan vincular a Filmus con el ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, llevan la firma del Frente de Izquierda y Proyecto Sur, pero ambas fuerzas políticas desmintieron haber participado en la confección de esos afiches, lo que significa que las firmas son apócrifas.

Respecto de las llamadas telefónicas, la clave, para la Justicia, está en quién hizo la contratación del call center. Distintas firmas que ya trabajaron con la empresa de Martínez le contaron a este diario que se entrega todo listo, incluso con la locución, en una base informática y que el call center se ocupa de realizar las llamadas y entregar los resultados de las comunicaciones concretadas. En la denuncia se sostiene que “según las versiones que nos llegaron, el call center pudo haber sido contratado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Desde el viernes hasta ahora se produjeron, casi al mismo tiempo, miles de llamadas de la encuesta falsa y la colocación de los carteles adjudicados a fuerzas políticas que niegan rotundamente haberlos confeccionado. En la jornada de ayer, además, apareció una página de Internet danielfilmus.com, también falsa, subida a la red desde Estados Unidos. Allí también se busca vincular a Filmus con Schoklender y con quien señalan como participante en la toma del Parque Indoamericano, el Alejandro “Pitu” Salvatierra. La contratación de un poderoso call center, la pegatina de miles de carteles y la puesta en marcha de la página de Internet muestran un importante nivel de organización. “No cualquiera tiene el dinero y la capacidad para ejecutar semejante operación”, razonaron a media tarde en la Justicia Electoral.

La jueza consideró grave la denuncia y la remitió al fiscal electoral Jorge Di Lello para que se expidiera. Di Lello se la devolvió en pocas horas señalando que, más allá de las polémicas sobre la posible competencia de la Justicia Federal en el caso, la urgencia obligaba a la jueza a intervenir y a hacer cesar el delito. Por lo tanto, le pidió a Servini que ordene las medidas tendientes a esclarecer el origen de la maniobra y a frenarla. La magistrada dictó el secreto del sumario y puso en marcha medidas urgentes que no quiso revelar.

Se supone que el primer paso es pedirles a las compañías telefónicas los números de origen de las llamadas con las que se hicieron las encuestas falsas. En general, esas empresas demoran, pero es muy probable que Servini les haya dado un plazo muy limitado para responder, tal vez 24 horas. Es decir que la contestación podría estar hoy. La versión indica que el origen es el call center de Martínez.

Quienes han contratado a esa empresas afirman que se puede enviar todo listo para poner en marcha el trabajo, incluyendo la locución. Otras veces, el call center ofrece el servicio de hacer la grabación. Se manda casi todo sobre una base informática y el call center pone en marcha el servicio, hace las llamadas y recoge los resultados. “No revisan el contenido de las preguntas o las frases. Controlan que no haya insultos, pero no me parece que reparen en si las preguntas encierran una trampa ética o no”, explicó una empresaria que usa habitualmente call centers, incluyendo el de Martínez. Todo indica que no bien Servini sepa qué empresa hizo el trabajo, intentará determinar quién lo contrató. El obstáculo allí es que podría tratarse de una agencia o empresa desconocida.

El candidato del Frente para la Victoria (FpV) se presentó en la Justicia el martes a través de sus letrados, Juan Manuel Olmos y Mauro Riano, denunciando la violación del artículo 140 del Código Electoral que pena a quien mediante engaño lleve a votar o lleve a abstenerse de votar de determinada manera a un ciudadano. Las maniobras eran:

-Encuestas falsas. El ciudadano recibe en su hogar una llamada con un sondeo automatizado. Tras varias preguntas de las habituales, la locución grabada pregunta:

–¿Cree usted que el caso Schoklender afecta la campaña de Daniel Filmus?

Si el ciudadano digita la opción no, la llamada se corta. Pero si digita la opción si, la encuesta continúa. Poco después se dispara otra pregunta:

–¿Sabe usted que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y es contratista en la construcción de viviendas junto a Sergio Schoklender?

La pregunta incluye una falsedad, ya que Salomón Filmus no es arquitecto ni tiene relación alguna con Schoklender. Cuando el ciudadano digita la opción no, el sistema dispara la siguiente pregunta:

–Ahora que lo sabe, ¿igual votaría por Daniel Filmus?

La denuncia del senador y candidato del FpV sostiene que no se trata de una encuesta, sino de una maniobra de campaña sucia, basada en una mentira e incluso en un delito, el de injurias, contra el padre de Filmus. Según evalúan en el FpV, se hicieron centenares de miles de llamadas.

-Los carteles truchos: Aparecieron en la Ciudad con el mismo tema, vinculando a Filmus con Schoklender. Llevan la firma del Frente de Izquierda, cuya candidata es Myriam Bregman, y Proyecto Sur, la fuerza que postula a Fernando “Pino” Solanas. En forma oficial, Bregman rechazó que hayan confeccionado los carteles y apuntó al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Por su parte, Proyecto Sur, a través de Julio Raffo, candidato a legislador y hombre de la máxima confianza de Solanas, también negó en forma categórica que hayan sido autores de los carteles. Esto significa que las firmas son apócrifas.

La página de Internet: Ayer también apareció una página de Internet falsa. La oficial del candidato es danielfilmus.com.ar. Sin embargo, desde Estados Unidos se subió a la red una página daniel filmus.com, con similares contenidos que las encuestas y los carteles falsos. Se vincula a Filmus con Schoklender, se habla de “las extorsiones de Moyano”, de la causa de los medicamentos y otros casos parecidos, todo con la supuesta firma del propio Filmus. Anoche, los apoderados del FpV concretaron las gestiones con la autoridad norteamericana que fiscaliza los sitios contra los que podría haber denuncias penales inmediatas. También interviene CERT.ar, un organismo de Jefatura de Gabinete, que coordina todos los esfuerzos en materia de seguridad informática. A Estados Unidos se enviaron las pruebas sobre el sitio oficial y el sitio apócrifo, por lo que se espera que la página sea dada de baja hoy.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-171702-2011-07-07.html

domingo, 3 de julio de 2011

Abogados federados hacen autocrítica y enfrentan nuevos desafíos

Abogados federados hacen autocrítica y enfrentan nuevos desafíos

Letrados admiten que deberían comprometerse más en la defensa del sistema de derecho y no sólo en los casos en que litigan. También reconocen que deben profundizar la ética en el ejercicio de la profesión.

La federación que nuclea a todos los abogados del país cumple esta semana 90 años y festejará reuniendo a grandes referentes de la esfera judicial argentina e iberoamericana. Antes de los festejos -que se concentrarán los próximos días jueves y viernes en Buenos Aires, el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Carlos Andreucci, destacó a Comercio y Justicia los nuevos desafíos y las autocríticas que se plantean los letrados en una fecha que invita a reflexionar sobre lo actuado y lo que vendrá.

Mayor control en la calidad de la formación universitaria, la apertura de un debate sobre el acceso al ejercicio profesional que implique actualización de calidades con las que se reciben de abogados, el fortalecimiento de los Consejos de la Magistratura y el aporte a la definición de un perfil de juez que se requiere en el país, son los puntos sobresalientes de un horizonte que pretenden alcanzar.

Andreucci también fue autocrítico sobre la profesión y reconoció que en los colegios debe fortalecerse la formación ética en sus matriculados como así también admitió que debe existir “un mayor compromiso de los abogados no sólo en los casos puntuales que llevan adelante sino también que deben comprometerse en afianzar todo el sistema de derechos en general y la defensa de los derechos humanos en particular”.

Por otra parte, FACA también se proyecta con cambios en su modo de funcionamiento y participación. “La propuesta es trabajar por una estructura más ágil de la federación que actúa a nivel nacional, provincial y municipal; también pretendemos más participación frente a las consultas por cambios legislativos e impulsar la formación dirigencial en los jóvenes abogados”, detalló quien ya lleva ocho años como titular de la entidad federada.

Andreucci también se refirió al tema que planteará, en el marco de los actos celebratorios, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien disertará sobre “Abogacía y Poder Judicial ¿puntos de convergencia?”.

“Sobre los puntos de convergencia hay que señalar que no puede haber justicia sin abogados y que cuando criticamos la calidad de los jueces también debemos ver qué está pasando del lado de los abogados, qué calidad de abogacía tenemos”, dijo en tono autocrítico.

Una cuestión de actitud
Luego apuntó a los magistrados- a quienes pidió un cambio de conducta, tras puntualizar que muchas veces la mejora de la Justicia no pasa por mayores presupuesto, sueldos y tecnología, sino por cambios de actitudes, como el cumplimiento de puntualidad y de la carga horaria por parte de los jueces en su tarea diaria.

“Debe existir mayor compromiso de los magistrados. Ellos deben entender que están prestando un servicio de justicia, que esperamos que vayan en horario y cumplan los turnos de audiencias que fijan”, completó el letrado, quien espera que puntos como éstos lleguen a abrirse a debate en un encuentro que contará con presencias como la del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y la del decano de la Corte Suprema, Carlos Fayt, a quien la abogacía homenajeará especialmente.

Agenda

Jueves 30 de junio: disertaciones del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y del titular de FACA, Carlos Andreucci. Homenaje a Carlos Fayt, ministro decano de la Corte Suprema. Conferencia de Ricardo Lorenzetti, presidente de la CSJN, bajo el título ” Abogacía y Poder Judicial ¿puntos de convergencia?”. Conferencia de Luis Martí Mingarro, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) sobre “La función de la abogacía en el mundo de hoy”.

Viernes 1 de julio: Conferencia del historiador Alejandro Damianovich sobre “El foro argentino y la apertura democrática”. Panel sobre “Realidad argentina de la abogacía y los colegios de abogados” a cargo de Rodrigo Bacigalupi, titular del Colegio de Abogados de Misiones; Diego Sobrino, titular de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba; Hugo Lanci, ex presidente del colegio de General San Martín, y Carolina Pucci, titular de la Comisión Jóvenes Abogados de FACA.

- Programa completo en: www.faca.org.ar

-Lugar: Club Español en la ciudad de Buenos Aires

Fuente: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/06/27/abogados-federados-hacen-autocritica-y-enfrentan-nuevos-desafios/

"Los mediadores todavía nos vendemos mal, hay que mejorar"

"Los mediadores todavía nos vendemos mal, hay que mejorar"

Josep Redorta, abogado español, dice que la mediación da soluciones de más calidad. Pero no la recomienda para casos de violencia de género, porque hay desigualdad entre las partes.

La mediación como herramienta de resolución de conflictos alternativa a la Justicia crece a nivel mundial. En Córdoba, ya lleva más de una década de existencia formal.

Uno de los referentes internacionales, y que más libros ha escrito sobre el tema, es el abogado español y psicólogo social Josep Redorta, quien visitó Córdoba la semana pasada invitado por la Asociación Civil de Mediadores de la Provincia.

–¿Por qué hay cierta resistencia entre los abogados a usar la mediación?

–Esto ocurre en todas partes. Pero está cambiando el mundo del derecho y también el mundo de la mediación. La mediación estándar, tal cual la conocemos, también tiene que cambiar. El campo que viene es el de la gestión de conflicto, en el marco de lo no judicial. En Naciones Unidas hay 19 formas de resolución de conflictos, sólo una es la mediación. Plantear como alternativa sólo la mediación o el proceso judicial es insuficiente.

–Cada vez más casos de violencia de género van a la Justicia ¿Puede funcionar la mediación, o hay límites?

–La mediación es un recurso potente para los conflictos familiares. Pero hay que hacer importantes distinciones. Como principio, en la mediación son las mismas partes las que deberían ser capaces de encontrar las soluciones. Pero en caso de la violencia de género, hay una desigualdad de poder importante. Entonces, hay que proteger los derechos del débil. En España está prohibido mediar en estos conflictos porque esa diferencia de poder no permite una igualdad entre las partes.

–¿Hay conflictos positivos?

–Sí, sí, sí. Sin conflicto no hay cambio. No puede haber conflicto todo el tiempo, porque no lo resistiríamos, pero si hubiese siempre consenso, nunca habría cambios.

–Los menores costos económicos y la brevedad son buenas razones para acudir a la mediación.

–Sí, pero sobre todo porque son soluciones de más calidad. Una solución asumida por los implicados, las partes, no es lo mismo que una solución impuesta, que tiende a ser más inestable, que resuelve el pleito pero no el problema.

–¿Le parece que hoy está más legitimada la figura del mediador?

–Le falta, está avanzando lentamente, pero le falta. Los mediadores necesitan mejorar el prestigio social, hay muy buenos mediadores pero nos vendemos mal todavía.

Ficha técnica

Español, experto en gestión de conflictos. Abogado y doctor en Psicología Social. Autor de los libros “El poder y sus conflictos”, “Cómo analizar los conflictos”, “Emoción y conflicto”, “Entender el conflicto”, entre otros.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mediadores-todavia-nos-vendemos-mal-hay-que-mejorar

miércoles, 15 de junio de 2011

Detectan 452 puestos de comercio ilegal en el centro de la ciudad de Córdoba

La mayoría se dedica a la venta de indumentaria y calzado. La medición tendrá regularidad y busca mostrar los efectos de la competencia desleal.

La Cámara de Comercio de Córdoba dio a conocer ayer su primer informe sobre la incidencia del comercio ilegal en el centro de la ciudad de Córdoba, una herramienta con la que la entidad busca comenzar a mostrar la situación de competencia desleal a la que se enfrentan muchísimos de sus asociados, frente a negocios que no tributan impuestos ni afrontan ninguna de las cargas que implica ejercer la actividad comercial.

El relevamiento estuvo a cargo de la consultora MKT, que realizó la primera toma de datos entre el 3 y el 7 de mayo y concretará los siguientes en forma mensual con el fin de estimar la evolución y la composición del comercio ilegal. Los relevamientos se harán por la mañana, en días hábiles, de modo que los resultados sean comparables entre sí.

El primer informe arroja que, en las 108 manzanas céntricas en que se relevan los puestos ilegales, se detectaron 452 puntos de comercialización.

Esta es la situación general en el macrocentro, un área definida entre las calles y avenidas Chacabuco-Maipú / Sarmiento-Humberto Primo / Avellaneda-Calasanz y bulevar San Juan- bulevar Illia.

“La mayor parte de estos puestos son del rubro Indumentaria y calzado con 184 puestos detectados (40,7 por ciento del total). Le siguen los rubros Alimentos y bebidas, con 70 puestos (15,5 por ciento) y Juguetería y esparcimiento, con 65 puestos (14,4 por ciento)”, indica el trabajo.

Por supuesto, la concentración es muy superior en el microcentro (27 de Abril-San Je-rónimo / Tucumán-Belgrano / Santa Rosa-Lima y Rivadavia-Buenos Aires), donde están 309 puestos, el 68,4 por ciento del total.

En la zona del microcentro la mayor cantidad de puestos corresponde a Indumentaria y calzado, con 140 puestos encontrados (45,3 por ciento del total), siguiéndole Óptica, fotografía y relojería, con 48 puestos (15,5 por ciento y Juguetería y esparcimiento, con 41 puestos (13.3 por ciento).

En la zona exterior al micro centro se detectaron 143 puestos ilegales, siendo la mayor can-tidad correspondiente a Indumentaria y calzado, con 44 puestos relevados (30,8 por ciento), siguiéndole Alimentos y be-bidas con 41 puestos (28,7 por ciento) y Juguetería y esparcimiento con 24 puestos (16,8 por ciento).

En un estudio previo realizado por Ieral, de la Fundación Mediterránea, a instancias de la Cámara de Comercio, se calculó que alrededor de la mitad de la actividad comercial en su conjunto se desenvuelve en distintos grados de informalidad, con lo que sobre transacciones por unos 7.000 millones de pesos no se reconoce propiedad intelectual alguna ni se pagan impuestos, entre otras consecuencias.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/detectan-452-puestos-comercio-ilegal-centro-ciudad-cordoba