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martes, 15 de noviembre de 2011

La Cámara Gesell como protección

La recepción del testimonio de un niño abusado debe realizarse de modo de evitar su reiteración y posibilitando el control de la prueba. Sebastián Romero.

No habrá pasado inadvertido a los ojos del lector que, con lamentable frecuencia, el diario da cuenta de abusos sexuales cometidos en perjuicio de niños. En tales casos, seguramente, las peores sensaciones se agudizan por la especial condición de la víctima. Y lo mismo ocurrirá con las expectativas de que pueda averiguarse la verdad de lo sucedido y aplicarse, en caso que corresponda, la sanción prevista por la ley.

A la par de ello, y en un plano no menos importante, la necesidad de dar al niño abusado un trato acorde a su edad, procurando neutralizar las consecuencias perniciosas que puede acarrearle su participación en un proceso judicial, constituye sin dudas una preocupación adicional.

Como intento de solución a este punto, una modalidad de reciente utilización en el ámbito judicial es la recepción del testimonio de los niños con la intervención de un psicólogo, en la denominada Cámara Gesell.

Se trata de un dispositivo ideado por Arnold Lucius Gesell (1880-1961), psicólogo y pediatra estadounidense que se dedicó a estudiar las etapas evolutivas de los niños, para lo cual empleó adelantos en video y fotografía. En sus observaciones, utilizó vidrios espejados que permiten mirar en una sola dirección, con lo cual inventó la cámara que lleva su nombre, a través de la cual los niños pueden ser observados sin ser molestados.

Esta herramienta, ahora adoptada en el proceso penal, consiste en un cuarto compuesto por dos partes separadas mediante una pared divisoria, la que a su vez posee un vidrio de grandes dimensiones que permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra, pero no al revés. Además, puede estar provista de equipos de audio y video, para una mejor percepción y grabación de las entrevistas.

Según establece la ley provincial, cuando deba recibirse la declaración de niños víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual, que a la fecha de su comparecencia no hayan cumplido los 16 años, sólo serán entrevistados por un psicólogo del Poder Judicial de la Provincia, en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, cuando ello fuere posible.

Con la clara finalidad de evitar (o disminuir) los efectos de la revictimización que los menores experimentan al narrar los hechos vividos, además de la intervención de un psicólogo –que hace de intermediario entre el órgano judicial y el testigo–, el acto debe llevarse a cabo de modo de evitar su reiteración, posibilitando el control de dicha prueba por parte de los defensores.

La norma cordobesa reglamenta las directrices contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo preámbulo ratifica que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. En su artículo 3º inciso 1º, establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bie­nestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, “una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño”.

Más allá de los buenos designios y de la utilidad de este instrumento como mecanismo de protección de los niños abusados, sería importante asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para poder atender todos los casos. De lo contrario, existiría el riesgo de transitar –parafraseando el decir popular– un camino repleto de buenas intenciones, que quizá no conduzca a un buen destino.

*Abogado especialista en Derecho Procesal, autor del libro “Cámara Gesell: testimonio de niños en el proceso penal”

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/opinion/camara-gesell-como-proteccion

Denuncian a fiscales y a un juez por presunto abuso de autoridad

El estudio Cafure presentó una demanda penal contra el fiscal Enrique Gavier, el juez de Control Esteban Díaz y el actual fiscal Carlos Mariano Antuña por un allanamiento sufrido.

En un nuevo capítulo en la polémica investigación por la denominada “industria del juicio”, el estudio de abogados laborales que encabeza Adolfo Alejandro Cafure presentó una denuncia penal contra el fiscal Enrique Gavier, el juez de Control Esteban Díaz y el actual fiscal Carlos Mariano Antuña, por “abuso de autoridad” y “prevaricato”. La denuncia, que recayó en el fiscal Anticorrupción Marcelo Hidalgo, es patrocinada por los abogados Sergio Durán y Fabián Balcarce.

La acusación contra Gavier y los demás miembros de la Justicia se enmarca en la investigación llevada por el funcionario judicial que concluyó con la detención de nueve abogados y médicos imputados por presunta “estafa procesal reiterada” en perjuicio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) Provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contratada por la Municipalidad de Córdoba.

La presentación señala que el 12 de agosto de 2010, por orden del juez Díaz –ante el pedido del fiscal Gavier–, se allanó el estudio Cafure, ubicado en Ayacucho 153, para detener a los imputados. Cafure asegura que facilitó el operativo y la revisación exhaustiva de toda la documentación existente en el estudio, desde archivos de computadoras hasta carpetas.

La denuncia remarca que no se encontró a ninguna de las personas buscadas ni se pudo encontrar ninguna vinculación del estudio con los “abogados y médicos perseguidos”.

No obstante, la presentación sostiene que se dispuso el secuestro de todas las computadoras del estudio (nueve) “por las dudas contuvieran archivos borrados”.

Largo peregrinar. Puntualiza el escrito que, contrariamente al resultado “positivo” que manifestó Gavier, el procedimiento “fue claramente negativo”, ya que “no pudo encontrarse ninguna constancia informática relacionada a los hechos que se investigaban”.

Cuestionan que, “tras un largo peregrinar”, con intervención del Colegio de Abogados y el fiscal general, Darío Vezzaro, se logró la restitución de las computadoras luego de un mes de su secuestro, “lo que mantuvo paralizado el estudio”.

Objetan que Gavier pidió autorización al juez Díaz para que lo autorizara a abrir los backups (copia de respaldo de los archivos) del contenido de las computadoras para “analizar la información”. Señalan que, ante esa situación, se solicitó al juez de Control garantizar “el secreto profesional del abogado”, pero se rechazó esa petición.

Sospecha. Cafure señala que lo más grave es que el fiscal copió los archivos de juicios que mantiene el estudio “causando un daño irreparable a la credibilidad” de su bufete.

Advierte el escrito que, tanto el allanamiento como las intervenciones telefónicas, fueron solicitadas por Gavier ante el juez de Control Díaz. Dijo que el magistrado, “sin realizar el menor control, libró órdenes masivas de intervenciones telefónicas y allanamientos”.

Remarca la denuncia que “en ese momento el juez Díaz no estaba de turno y por ende carecía de competencia para intervenir”.

Consultado por este diario sobre la denuncia, el fiscal dijo desconocerla y señaló que no había sido notificado.

Cuándo se le preguntó cuál fue el motivo del allanamiento del estudio de Cafure, expresó: “Hay evidencias ciertas de que ese estudio puede tener relación con las investigaciones que se realizan”.

Precisó que “de los 4.500 juicios de características similares a los 700 que involucraron a Provincia ART y la Municipalidad de Córdoba, hay 300 que patrocina el estudio de abogados ahora denunciante, sólo durante 2008 y 2009”.

El fiscal se excusó de opinar sobre la denuncia presentada en su contra y remarcó que desconocía su contenido. Aseguró que se había enterado de la presentación por la consulta de este diario.

A su vez, Cafure atribuye ese allanamiento a lo que considera un “único indicio” del fiscal: haber pedido un listado de los estudios que tenían más causas laborales.

Dijo que desconocía el accionar de los imputados y remarcó que lo que cuestiona la denuncia “es el método” de investigación usado por el fiscal.

En el caso del juez Díaz, la acusación es de “prevaricato” (dictar resoluciones contrarias a la ley). Remarcan que Díaz sabía que carecía de competencia para proveer lo que le solicitaba Gavier, porque no estaba de turno.

Sin notificación

Defensa. Ante una consulta de este diario, el fiscal de Instrucción Enrique Gavier se excusó de opinar sobre la denuncia en su contra. “No he sido notificado de ninguna denuncia y desconozco su contenido. Me acabo de enterar por la consulta de ustedes”, afirmó el funcionario judicial, quien agregó que el allanamiento de ese estudio jurídico se realizó porque “hay evidencia cierta”.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/denuncian-fiscales-juez-presunto-abuso-autoridad

 

Se cayó el dictamen por la despenalización del aborto

Faltaron dos de las ocho firmas que se necesitaban para que el proyecto fuera girado a la Comisión de Salud.  El jueves habrá una reunión conjunta para intentar sacar el despacho.
El dictamen de la comisión de Legislación Penal de Diputados que avalaba un proyecto de ley para despenalizar el aborto, finalmente no reunió el número de firmas necesarias y perdió validez.
Si bien la Cámara de Diputados había conseguido el martes a la tarde un dictamen favorable para tratar el proyecto impulsado por la diputada Cecilia Merchán, el jefe del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, no firmó el despacho y, entonces, la propuesta quedó con seis firmas, dos menos de las ocho que exigía como mínimo la habilitación del dictamen.
Ocurre que Gil Lavedra, quien se expresó a favor en un primer momento de la despenalización del aborto, informó que “por respeto a los diputados de su bloque no podía firmar algo sin discutirlo antes internamente con sus correligionarios”, aun cuando personalmente estuviera a favor de la medida.
El miércoles, un grupo de diputados nacionales que se opone a la despenalización del aborto impugnó el dictamen que había sacado Legislación Penal, que respaldaba el proyecto que contempla la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación, porque no reunía el número de firmas necesarias para que prosperara.
Los diputados Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza) e Ivana Bianchi (Peronismo Federal) presentaron en notas separadas sus impugnaciones al presidente de la Cámara, Eduardo Fellner (FPV).
Pesimistas
En el seno de la comisión de Legislación Penal son pesimistas con respecto a que este año pueda ser tratado el tema en el recinto de la cámara baja, ya que “el año parlamentario finaliza el 20 de noviembre y no alcanzarían los tiempos para discutirlo nuevamente, para que después pase a la comisión de Familia y de ahí a Salud.
La iniciativa encuentra, además, numerosas objeciones en los distintos bloques, cuyos miembros actúan según su conciencia.
No obstante, el presidente de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC), quien termina su mandato el 9 de diciembre, aseguró que convocará para el jueves próximo a una reunión conjunta con las comisiones de Acción Social y Salud y de Familia, Mujer y Niñez, con el objetivo de hacer un último intento en el presente período parlamentario para sacar despacho a favor del proyecto.
La situación
Según las organizaciones que integran la campaña por el aborto, es “urgente” que se apruebe la ley de interrupción voluntaria de embarazos porque esta práctica clandestina es la principal causa de mortalidad materna. En Argentina se realizan por año entre 500 mil y 700 mil abortos, y cada dos días muere una mujer por esta situación.

Eximen al demandante de abonar la Tasa de Justicia y los aportes

La decisión se adoptó al encuadrarse la acción en la Ley de Defensa del Consumidor. Es el primer precedente que, en tal sentido, sientan los tribunales cordobeses.

“Si bien el beneficio de justicia gratuita contenido en el plexo consumeril tiene incidencia en el ámbito de las facultades impositivas reservadas a la Provincia de Córdoba, tal circunstancia no obsta su aplicación desde que no se trata de invadir ilegítimamente el ámbito legislativo de las provincias sino de un modo de garantizar el ejercicio de los derechos del consumidor reconocidos en la Carta Magna” (artículo 42 de la Constitución nacional -CN-).

Con tal argumento, en lo que constituye el primer precedente en este sentido dictado por un tribunal de segunda instancia en el ámbito de la Provincia, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba eximió al accionante de abonar, previo a dar trámite a su demanda en contra de Cablevisión SA, la Tasa de Justicia y el aporte a la Caja de Abogados, en función de que el reclamo se basa en la Ley de 24240 de Defensa del Consumidor (LDC), y el artículo 53 de dicho ordenamiento normativo prevé tal gratuidad.

Los demandantes, Javier Usandivaras e Ivana Caminos, solicitaron la mentada exención prevista en la legislación nacional, empero el juzgado de origen la rechazó y ordenó se paguen los gastos iniciales previstos en las normas tributarias locales.

En virtud de la apelación interpuesta por los accionantes, la mencionada Cámara revocó lo decidido y dispuso dar trámite al proceso sin requerir el previo pago de los conceptos aludidos, notificando lo resuelto a la Dirección de Administración del Poder Judicial y a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba.

En sus fundamentos, el órgano de alzada predicó que “el poder tributario no ha sido delegado a la Nación, mas en el caso, por la afectación del acceso a la justicia en materia de defensa de derechos del consumidor que tienen las obligaciones tributarias exigibles, la ley establece una inversión respecto del común de los procedimientos”.

Tras destacar que el mismo artículo 53, LDC, contempla que “la parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio” y que, de todas formas, los rubros en discusión deberán ser pagados en otra etapa del proceso, el pronunciamiento aclaró que “no se trata de eliminar los tributos en esta clase de procesos sino de establecer pautas distintas respecto de la posibilidad y momento de su percepción”.

“Los derechos del consumidor encuentran amparo en el  artículo 42, CN, de modo que su tutela tiene rango constitucional”, por lo que “el Estado, a través de todo el ordenamiento jurídico, debe asegurar la efectiva protección del consumidor sin que ésta pueda ser afectada por  las facultades provinciales; más aún, si se tiene en cuenta el carácter de orden público de la LDC y el principio que ella establece respecto de que en caso de dudas, habrá de estarse a favor del consumidor”, ponderó el fallo.

Fuente. http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/10/11/eximen-al-demandante-de-abonar-la-tasa-de-justicia-y-los-aportes/

 

Polémico fallo por el uso del celular en clase

 

 

PARANA.- En un fallo que seguramente provocará polémica, la justicia entrerriana anuló una sanción aplicada por una escuela a una alumna de tercer año que usó el celular en horas de clase para subir fotos a Facebook. La medida disciplinaria incluyó la suspensión de su condición de abanderada y la obligación de hacer una monografía sobre "uso y mal uso de los medios de comunicación", para ser expuesta ante la rectoría y sus compañeros de curso.

El hecho ocurrió en el Instituto Niño Jesús, de San José, localidad del departamento de Colón, donde una estudiante tomó una foto de una compañera y la subió a la red social. La sanción que se le impuso no fue aceptada por los padres de la alumna, que llevaron el caso a los tribunales. La discusión llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia, máximo órgano judicial de la provincia, que resolvió que la medida disciplinaria no respetaba el derecho de defensa de la alumna y que era excesiva. Así, el Poder Judicial entrerriano

dejó sin efecto la medida impuesta por la escuela y eso encendió la polémica.

"Estoy totalmente en desacuerdo con la medida tomada por el tribunal. Hemos sido desprestigiados durante mucho tiempo en la docencia y lamentablemente estos fallos nos siguen desprestigiando", protestó la directora departamental de Escuelas de Colón, María Elizabeth García de Serpa.

También el director de Escuelas de Paraná, Roque Caviglia, cuestionó la decisión judicial. "Hay una resolución -precisó- que establece cuáles son las normas éticas que un alumno debe observar para ser abanderado. En este caso, la alumna no las respetó y por eso le quitaron la bandera". Para Caviglia, "esta resolución de la Justicia afecta la autoridad de la escuela, y cuestiona una resolución del Consejo de Educación, que es muy prolija".

Sin embargo, el juez del Superior Tribunal de Justicia e integrante de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, Carlos Chiara Díaz, dijo que con el presente fallo "no se interfiere en las cuestiones propias de las instituciones", pero que la Justicia debe actuar "cuando se encuentre afectado algún derecho constitucional" como, afirma, efectivamente ocurrió con la alumna entrerriana. Puntualmente, el juez sostuvo que "para aplicar la medida no se tuvo en cuenta el derecho de defensa de la alumna" y cuestionó además "la proporcionalidad de la pena". En otras palabras, consideró que el castigo fue excesivo.

"Es una alumna excelente, abanderada, al que no se le dio la oportunidad de explicar su actitud, y con la medida de tal tenor perdía la calidad de ejemplo que supo ganarse por su desempeño", dijo Chiara Díaz a LA NACION.

En Entre Ríos, el Consejo General de Educación estableció que las sanciones a los alumnos deben tener carácter educativo y no punitivo, y, mediante una resolución normativa, que debe garantizarse el derecho a réplica de los alumnos sancionados.

El juez Chiara Díaz admite que ese instrumento existe y rige también para el instituto privado al que acude la alumna sancionada, pero consideró que en el caso puntual "no se respetó el derecho a la defensa". "La medida que tomó la escuela va en contra de los objetivos de la disciplina que se pregona y no cumple con los propios reglamentos internos que debería permitir escuchar a alumna", agregó.

La abogada Miriam Claría, asesora legal de organismo estatal en materia educativa, no sólo cuestionó la decisión judicial, sino también la de los padres de la alumna por acudir a los tribunales. "Antes, cuando un chico volvía de la escuela con una sanción, los padres le preguntaban por qué, qué había hecho. Ahora no, los padres se ponen del lado de los hijos y cuestionan lo que decide la escuela. Eso genera que se arme una costumbre en la que, socialmente, la escuela no puede llamar la atención a sus alumnos", planteó.

"Nosotros no somos revisores naturales de las medidas disciplinarias, pero los tribunales están a disposición de la gente cuando crea que no se respeten sus derechos", respondió el juez Chiara Díaz.

PROS Y CONTRAS

Según los expertos en educación, el uso del celular plantea ventajas y desventajas.

A FAVOR

·                       Siempre en contacto. Para los padres es una tranquilidad porque es una forma de ubicarlos en todo momento.

·                       Emergencias: en situaciones de riesgo físico o de inseguridad, disponer de números importantes en la agenda puede resolver un problema.

EN CONTRA

·                       Distracción: la mayoría de las veces se lo usa para intercambiar mensajes de texto, en cualquier momento.

·                       Discriminación: los niños con equipos más antiguos podrían ser burlados por los que tienen aparatos de última generación

UNA BROMA QUE TERMINÓ MAL EN SALTA

Hace una semana, una alumna de tercer año del polimodal Gorriti, en la capital salteña, fue suspendida por utilizar el celular para realizar una broma. Durante un recreo, la estudiante llamó a una compañera y se hizo pasar por María Cash (desaparecida hace meses en el norte del país), dijo estar secuestrada y pidió auxilio. La adolescente le pasó su teléfono al profesor, quien denunció el hecho ante la policía. Luego de aclarada la situación, la directora del colegio, Julia Casanovas, suspendió a la estudiante que hizo la llamada, que quedó libre por exceso de faltas. Los padres pidieron a la Justicia que intervenga para que la joven no pierda el año.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/edicion-impresa

 

Causa ART: Colegio de Abogados se presentará como querellante

Causa ART: Colegio de Abogados se presentará como querellante

El titular de la entidad, Alejandro Tejerina, insistió en que no se están respetando principios ni garantías constitucionales con los profesionales presos. También señaló que deberían cambiar algunos actores del Poder Judicial.

Tras conocer ayer el Colegio de Abogadosel rechazo “in límine” sobre la denuncia penal que el estudio Cafure presentó por presunto abuso de autoridad contra el fiscal Enrique Gavier, el juez de Control Esteban Díaz y el fiscal Carlos Mariano Antuña por un allanamiento sufrido en el marco de la investigación denominada “industria del juicio”, manifestó su repudio y adelantó que se presentará como querellante en el marco de la causa denominada de la “industria del juicio” por la que hoy siguen detenidos abogados imputados por presunta “estafa procesal reiterada”.

Cabe recordar que se trata de la investigación que concluyó con la detención de abogados y médicos acusados de actuar en perjuicio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) Provincia, contratada por la Municipalidad de Córdoba.

Consultado por la posición del colegio ante la noticia del rechazo referido, Alejandro Tejerina, presidente del colegio, consideró: “Es algo terrible que sin haberse abierto a prueba o evaluación alguna puedan rechazar (la denuncia) sin estudio suficiente. Parece que una denuncia hecha en contra de alguien del Poder Judicial no se tiene que estudiar, pero si ésta fuese hecha en contra de los abogados seguramente estaría abierta a prueba y, luego, seguramente los abogados seguirían detenidos”.

En ese marco, señaló que estudiarán el tema y adelantó que “el colegio pensaba constituirse como querellante, lo va a hacer. El colegio va a expresar el repudio por lo realizado por el fiscal (Gustavo) Sandoval”, agregó. Tejerina explicó que la causa había recaído finalmente en ese funcionario.

Asimismo, insistió en que, en el caso de la detención de los letrados imputados, no se están respetando los principios ni garantías constitucionales, y apuntó a la necesidad de una “urgente” resolución de la Cámara de Acusación sobre ese punto. “Tenemos esperanzas de que estos nuevos integrantes de la cámara, quienes tienen que resolver esta situación, lo hagan cuanto antes. Estamos hablando de libertades y aquí hay abogados que ya llevan detenidos un año y dos meses y en otro caso, cinco meses”.

Seguidamente aclaró: “Nosotros no pedimos un bill de indemnidad para los abogados. Creemos que tienen que ser tratados como cualquier ciudadano, no podemos ser discriminados ni ser considerados peligrosos porque somos letrados. Le pedimos a la cámara que se expida en forma urgente, como ellos entiendan que lo tengan que hacer”.

Se reunirá con De la Sota
“La justicia de córdoba tiene que cambiar”

“La justicia de Córdoba tiene que cambiar, eso es algo que le queremos proponer al gobernador electo”, señaló Tejerina -quien, si bien agradeció  al Tribunal Superior por los dos juzgados nuevos de Conciliación y otros dos de Familia que se abrirían a mediados de noviembre- subrayó que “es necesario hacer un cambio esencial, de base”. “Si nosotros seguimos haciendo parches la Justicia va a seguir como sigue. Hoy tenemos desalojos con sentencias de tres años, juicios laborales de tres años y medio, son problemas graves. Cuando la justicia no llega a tiempo no es justicia”, agregó.

Asimismo, subrayó: “Creemos que esto se puede modificar, es una decisión política, del Poder Ejecutivo. También es una decisión del Poder Judicial, que tiene que estar en consonancia con la otra parte  de esta mesa que somos los abogados, que no somos solamente los que conformamos la tasa de justicia que es parte del presupuesto judicial sino que somos los que sabemos dónde están las necesidades del ciudadano”.

Finalmente,  señaló que “debería haber cambios en los actores que administran la justicia de esta provincia”, dijo en lo que podría interpretarse como el pedido de alejamiento de algunos altos funcionarios del Poder Judicial

Fuente: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/11/04/causa-art-colegio-de-abogados-se-presentara-como-querellante/

Abogados repudian rechazo de denuncia contra magistrados

El titular del Colegio, Alejandro Tejerina, cuestionó que la acusación de un estudio laboral contra dos fiscales y un juez fuera desestimada sin análisis.

“Indudablemente nos parece algo terrible que sin haberse abierto a prueba o evaluación alguna, puedan rechazar una denuncia, sin estudio suficiente”. La crítica fue realizada por el titular del Colegio de Abogados de Córdoba, Alejandro Tejerina, quien dijo que repudiaba la decisión del fiscal Gustavo Sandoval de rechazar la denuncia que presentó un estudio de abogados laborales contra el fiscal Enrique Gavier, el juez Esteban Díaz y el fiscal Carlos Mariano Antuña.

El estudio que encabeza Adolfo Alejandro Cafure acusó a los magistrados de “presunto abuso de autoridad” y “prevaricato”, a raíz del allanamiento que sufrió su estudio.

La denuncia contra Gavier, Diaz y Antuña se enmarca en la investigación realizada por el fiscal cordobés que concluyó con la detención de nueve abogados y médicos imputados por presunta “estafa procesal reiterada” en perjuicio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contratada por la Municipalidad de Córdoba. En estos momentos, siguen detenidos cuatro abogados y dos médicos.

En su denuncia contra Gavier, Cafure aseguró que en el allanamiento a su estudio no se encontró ninguna vinculación con los imputados, pese a lo cual se le secuestraron por más de un mes las computadoras y le copiaron además los backups (copia de respaldo). Dijo que esa acción, además de “paralizarle” el estudio, le infringió un “daño irreparable a la credibilidad”.

Gavier, justificó el allanamiento en que “de los 4.500 juicios investigados, de características similares a los que involucraron a Provincia ART, hay 300 que patrocina el estudio Cafure”. Tejerina repudió el rechazo de la denuncia que hizo Sandoval y dijo que el Colegio se constituirá como “querellante” en la causa.

Anticipó además que solicitará a la Cámara de Acusación que se expida en forma “urgente” sobre el pedido de libertad de los cuatro abogados que siguen presos. Resaltó que hay un letrado que lleva detenido un año y dos meses y otro cinco meses. “Acá no se respetan los principios ni garantías constitucionales” criticó. Recordó que el criterio mayoritario que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que la prisión preventiva debe ser la excepción y la libertad la regla.

Tejerina relativizó la existencia de una “industria del juicio” y repudió las declaraciones de Gavier a este diario por inferir “que los abogados son peligrosos porque tienen muchos juicios”.

Por otra parte, dijo que le propondrá al gobernador electo, José Manuel de la Sota “hacer cambios de base” en la Justicia y opinó que “debería haber cambios” en sus integrantes, en alusión al Tribunal Superior de Justicia, aunque no lo nombró.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/abogados-repudian-rechazo-denuncia-contra-magistrados